Ejercer de detective privado en la ciudad le cuesta una condena por intrusismo
La persona a la que seguía fue alertado por un vecino que vio como el inculpado le grababa al salir de su propia casa
José Antonio F.O. trabajó como detective privado sin la correspondiente titulación. Así lo estima el Juzgado de lo Penal 1 que lo acaba de condenar por instrusismo profesional a seis meses multa con una cuota diaria de cinco euros.
La sentencia considera probado que, al menos durante dos meses en 2015, realizó seguimientos propios de la profesión de detective privado por cuenta de un despacho. Estos hechos fueron comprobados por dos agentes de la Policía Nacional tras la denuncia formulada el 28 de agosto de 2015 por R.O.R., quien relató que un vecino había visto como un individuo le seguía y le grababa cada vez que salía de casa. El denunciante incluso vio al condenado en su casa, en la Mutua Gallega y en la academia dónde llevaba a clases a su hija. En esos escenario comprobó cómo le grababa con una cámara que tenía escondida en un periódico. José Antonio F.O. disponía de un vehículo habilitado a tal efecto así como instrumentos tales como cámaras, cargadores y libretas que fueron ocupados por los agentes.
Los policías que se encargaron de la investigación comprobaron en los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía que el inculpado no estaba habilitado para ejercer labores de detective. En el año 2009, había sido sancionado por la Subdelegación del Gobierno de Ourense por intrusismo profesional.
Requisitos
La actual normativa recoge que los aspirantes a detectives privados deben superar en los Instituto de Criminología o en otros centro oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación los programas establecidos para ese fin. La habilitación se documenta mediante la correspondiente tarjeta de identidad profesional expedida por la Dirección General de la Policía.
Previamente, como punto de partida, consultaron los concurso de licitación de contratos de la Mutua Gallega para detectives. De hecho, el 30 de septiembre de 2014, se adjudicó uno a un despacho ourensano para el que estaba trabajando el inculpado. De hecho, cuando los agentes identificaron al encausado, estaba junto a su jefe en el interior de un coche.