Un colegio profesional servirá a los detectives para frenar el intrusismo
Es difícil que haya una profesión en España con más intrusismo que la de detective privado, ya que más de la mitad de las personas que ejercen en Galicia no están reconocidas ni por el Ministerio del Interior ni por las asociaciones profesionales. De ahí que uno de los principales objetivos fuera la creación de un colegio profesional, órgano que ayer recibió un gran espaldarazo en el Parlamento gallego al ser aprobada por unanimidad la creación del Colexio Profesional de Detectives Privados de Galicia, el tercero de España tras el de Cataluña y el de Valencia.
Ni el presidente nacional de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, Julio Gútiez Cuevas, ni el presidente gallego, Armando González Freiría, se quisieron perder ayer la sesión, para ellos solemne, de la Cámara autonómica. «Como mucho el nuevo colegio estará en marcha en un año, aunque la verdad es que esperamos que sea una realidad total en tan sólo nueve meses», indicaba ayer a EL CORREO Armando González.
Los detectives privados afirman que su capacidad y profesionalidad, como reconocen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y abogados, está entre las mejores de Europa, ya que aquí en España desde hace tres años es necesaria una titulación universitaria para ejercer la investigación. Los estudios en Galicia para poder ostentar el carné profesional de detective privado duran tres años y son la carrera de Ciencias Policiales y Detective Privado, que se imparte en Vigo y cuya primera promoción de 33 nuevos profesionales saldrá a la calle en este año.
Pero el Colexio Profesional por sí mismo no acabaría con el intrusismo, pero sí a través de sus futuros estatutos y la colegiación obligatoria para poder ejercer, además del control que los órganos de representación de este colectivo pide a decanatos de jueces y abogados para que siempre exijan la presentación del carné profesional.
El presidente nacional asegura que los intrusos suponen una estafa para ellos y su profesión, para los estudiantes que durante tres años se forman, para la Hacienda pública, para las unidades policiales encargadas del control de su actividad, para los clientes a los que no van a poder representar en un juicio y para la ciudadanía, ya que vulneran los principios de privacidad.